El poder político y el poder de la televisión han mantenido siempre una relación de mutuo intercambio de intereses y ventajas, incluso desde antes de que en 1958 se concretara el ingreso de dicho medio al país. Lo que no ha sido constante es el modo en que se ha desenvuelto esta historia a través de los distintos gobiernos.

En la época de Fujimori, pocos observadores notaron que la atmósfera televisiva se iba enrareciendo a medida que avanzaban los años. Muchos más se dieron cuenta de la gravedad del asunto cuando ya era evidente la deplorable y delictiva actuación de las empresas contra los derechos fundamentales de las personas. Pero, la gota que derramó el vaso fueron los videos de los empresarios recibiendo dinero, por lo que incluso en el gobierno transitorio de Paniagua se consideró la posibilidad de sancionar a los radiodifusores con el retiro de las licencias. Pero, rápida y discretamente se desechó la idea por no encontrarse base legal suficiente. En cambio, cuando se conoció el video de Schutz, algunos ministros de Toledo plantearon intensa y públicamente la aplicación de la máxima sanción a las televisoras. Felizmente para el gobierno, los empresarios y nosotros mismos, prevaleció la misma posición que en el gobierno precedente.

El Poder Ejecutivo optó entonces por buscar una salida al embrollo en que se había metido y remitió al Congreso un proyecto de reforma parcial de la Ley de Telecomunicaciones, pero que luego no defendió. El Congreso siguió la misma dirección, archivando el texto de un proyecto legislativo alternativo.

No hace mucho las acciones administrativas y judiciales de los radiodifusores entre sí y de los acreedores con estos provocaron alguna expectativa de cambio en el sector. Lamentablemente, las recientes denuncias parecen haber acabado con la leve primavera mediática y se han vuelto a desatar críticas contra la relación político-televisiva del país.

Quienes gustan de ejemplos cercanos para juzgar la utilidad de propuestas legales para nuestro país, pueden observar el caso de Chile, donde coexisten armoniosamente una comisión oficial de televisión y un organismo de ética, las televisoras publican sus balances auditados cada trimestre y la programación que se difunde está lejos de los niveles de la nuestra. Según el destacado productor e investigador Valerio Fuenzalida, aunque en su país las pérdidas del sector son constantes, ello no ha llevado a arreglos con el poder político.

A mediados de su quinta década de aparición, nuestra televisión tiene una nueva oportunidad de crecimiento comercial, informativo, técnico y artístico dentro de la moralidad y legalidad. Para ello es indispensable que políticos y radiodifusores afronten decididamente los siguientes retos: primero, promover la constitución de un marco legal básico que garantice la competencia leal y la modernización con transparencia; segundo, implementar principios y reglas éticas simples, públicas y de efectiva aplicación cotidiana; tercero, instalar la defensoría de los televidentes a fin de aprovechar la colaboración de estos para mejorar la información y el esparcimiento; y cuarto, preservar la libertad de conciencia, información y opinión de los periodistas y artistas.

No hay duda de que hace falta llevar a nuestra televisión el aire fresco de la libertad con responsabilidad. Este reto compete a todos, pero especialmente al poder político, el cual debe ser desmontado de una vez y para siempre del espectro televisivo.