En Colombia, un país en el que la vida no vale nada, el trabajo de los periodistas ha entrado involuntariamente a formar parte de esa ruleta rusa en el que no se sabe de dónde vendrá el ataque, pero sí que algún grupo o persona al margen de la ley o al servicio del mismo Estado pueda sentirse molesto por una información y mande a matar al mensajero. Porque aquí en contadas ocasiones se ve la escena del ablandamiento; la mayoría de las veces los asesinos van por su presa.

Una de las víctimas más recientes del conflicto armado interno que desde hace más de medio siglo vive Colombia, fue Luis Eduardo Alfonso, un reportero que se ganaba 22 dólares por nota superior a 60 centímetros de extensión, US$10 por nota de 30 centímetros y un poco más de US$3 por nota breve para El Tiempo -el más influyente diario del país- y por arriesgar todo en cada despacho que enviaba desde el departamento de Arauca. Una región rica en petróleo, agricultura y ganadería, ubicada al nororiente del país, donde como en un juego de parqués se disputan el territorio los guerrilleros -terroristas, desde el 11 de septiembre de 2001- del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares, en 23.818 kilómetros cuadrados en los que la presencia del Estado se traduce principalmente en los hombres del Ejército Nacional -asesorados por tropas americanas en las labores de vigilancia del oleoducto Caño Limón Coveñas-, que por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez se trasladaron allí por ser esta una Zona Especial de Rehabilitación y Consolidación, que traducido a la realidad nacional no es más que un experimento para saber si es con más soldados como se llega a la paz.

Hoy día, 16 colegas de Alfonso trabajan con la presión de una amenaza de muerte que no se sabe cuándo se haga efectiva, en medio de una impunidad absoluta que no ha permitido esclarecer crímenes más sonados como el de Don Guillermo Cano, director del Diario El Espectador, en diciembre de 1986 o el de Jaime Garzón, periodista de la cadena radial Radionet, abaleado a pocas cuadras de su sede en agosto de 1999, en lo que según un juez fue el resultado de un "acto callejero".

Impunidad y asombro que se mezclan y dan un resultado aterrador. Una lista de ocho amenazados el 28 de marzo, provino de las Farc, y la otra se le atribuye a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esta última figuran también los nombres de Alfonso, acribillado de tres impactos el 18 de marzo pasado cuando a las 4:40 de la madrugada ingresaba a la emisora Meridiano 70 donde se desempeñaba como codirector del noticiero Actualidad Informativa, cargo en el que sucedió a Efraín Varela, asesinado el 28 de junio de 2002. En esa confusión de ideas y causas, propia del conflicto colombiano, las partes los consideran "objetivos militares" y no les dan otra alternativa que el destierro o la muerte, en una Nación que se precia de tener un Estado de Derecho y una Constitución que garantiza en el papel la libertad de expresión y de prensa.

Las agremiaciones de periodistas, tanto locales como internacionales, han alzado una vez más la voz solidaria en demanda de protección, y el Gobierno nacional a través del Programa de Protección de Periodistas -creado en el mes de agosto de 2000- ha considerado que lo mejor es trasladarlos a la capital, Bogotá. Como medida de emergencia vale el remedio, pero de inmediato surgen dos grandes preocupaciones: ¿Dónde los reubicarán? Y si su salida es definitiva: ¿Quién informará entonces sobre la guerra?

"La ausencia de periodistas es una puerta abierta para los abusos más graves", ha denunciado la organización Reporteros Sin Fronteras, que no descansa en la tarea de comunicarse con todas las instancias involucradas y hacer el despliegue a nivel internacional para que en tiempos de conflictos de mayor envergadura como la guerra de Estados Unidos y sus aliados contra Irak, el caso colombiano no quede perdido en la penúltima página de los diarios o en una mención en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, cada 3 de mayo.

Los compañeros de Alfonso, quien se había especializado en cubrimiento del conflicto y en hacer denuncias sobre irregularidades cometidas en el Gobierno municipal, suponían que éste recibía protección desde que en septiembre de 2001 había recibido un correo electrónico amenazante de los paramilitares. Los organismos de inteligencia, después de realizar un estudio de seguridad de Alfonso, determinaron que su riesgo era bajo. Días después y ante la gravedad de las denuncias hechas por Alfonso, el Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos para periodistas (CRER) pidió a la Policía efectuar un nuevo estudio y pedirle la necesaria protección, que en este caso eran rondas policiales.

En el mes de diciembre, el segundo documento estableció que el riesgo de Alfonso era medio-bajo. Las rondas continuaron, pero pocos días antes de su muerte, fueron suspendidas, según lo denunció el propio Alfonso. La Policía respondió a la FLIP e IPYS que en el departamento de Arauca hay 300 personas amenazadas y que no podían "poner un escolta a cada una de ellas".

Desde la publicación de un informe conjunto elaborado por una comisión de las organizaciones de periodistas, el cual denunciaba la situación de los periodistas en Arauca, siete reporteros, dos de ellos al servicio de medios extranjeros, han sido secuestrados por grupos guerrilleros.

El problema no puede plantearse ni siquiera en el plano de la protección policial, porque las mismas autoridades reconocen que no cuentan con el suficiente personal para brindarla. Y de qué vale tener uno o dos policías que le acompañen en el día y se parapeten de noche en sus casas, si como seres humanos los periodistas tienen esposa o esposo, hijos, padres, una familia que así no reciba el impacto de una bala o de una paquete-bomba, deben sobrellevar la zozobra o simplemente callar.

En Arauca, como en el resto del país, de poco sirve un chaleco protector, cambiar de ruta o no hablar con personas desconocidas, si la amenaza es constante y ataca en complicidad con el silencio. En los Balcanes, por ejemplo, los periodistas que cayeron se debió al desarrollo de la guerra (escaramuzas, francotiradores, etcétera), no por el contenido de sus mensajes, como sí sucede en el ciento por ciento de los casos en Colombia. Aquí radica la gran diferencia y la gravedad misma del asunto.

Este panorama desolador, sumado a la falta de integración en torno a una organización que defienda sus derechos, ha conducido entonces a los periodistas colombianos a una sinsalida en la que la autocensura se convierte en la palabra clave para preservar su plaza de trabajo y su integridad. Autocensura es el término que encabeza las encuestas que periódicamente se aplican a los periodistas colombianos. Autocontrol para denunciar tomas a poblaciones con cilindros cargados de metralla y estiércol, campos minados, carros-bomba, secuestros, extorsiones y crímenes de paramilitares y guerrilleros que sin el menor escrúpulo se juntan con narcotraficantes o directamente derivan gran parte de sus ingresos de la producción y comercio de sustancias prohibidas. Sin olvidar las violaciones flagrantes a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de unidades militares, y las fechorías de la delincuencia común, para quien la prensa también es su enemiga.

Es más que prudencia o recato; es dejar de llamar las cosas por su nombre si se quiere ver el alba del día siguiente para continuar informando. Porque lo que se hace es trabajo de campo en unas condiciones distantes de las que goza un periodista de un país desarrollado. Entonces el reportero, el camarógrafo o el fotógrafo deben moverse con sigilo, empezando por no firmar las noticias o los reportajes, cuidándose de lo que habla por teléfono o con sus mismos colegas, tratando de cumplir con el compromiso de informar, sin que esto le represente caer en el próximo retén ilegal a la salida del pueblo, ser interceptado por dos sicarios en motocicleta o que lo veten en la guarnición militar, cuando no lo tachen de "auxiliador" o "cómplice" de los actores ilegales.

Porque además algunos altos mandos militares, incluidos coroneles y generales, se han atrevido a catalogar a los periodistas como amigos o enemigos. "Están con nosotros o contra nosotros", dicen y llegan a cuestionar el criterio de quien con otro tipo de fuentes informó sobre una acción armada. La consecuencia evidente de este tipo de críticas es que ese periodista no sea tenido en cuenta para el próximo cubrimiento que requiera desplazamiento en helicóptero o avión, medio indispensable para poder llegar a los rincones de un país de montañas y con una pésima red de carreteras.

En una ocasión, después de la muerte en combate de un guerrillero del ELN en el departamento de Santander, un capitán que requisó el cadáver y encontró su agenda personal, insinuó que había que indagar a un periodista cuyo nombre figuraba en ella, sin tener presente que el número telefónico de un periodista está a la vez en las listas de todos los actores armados, que lo buscan cuando están interesados en dar a conocer una información y también cuando quieren desinformar.

En el año 2002 se dio el caso que un comandante paramilitar reunió a todos los periodistas de la redacción del diario Vanguardia Liberal, en Valledupar (departamento del Cesar), para recriminar su proceder y anunciar que le había "perdonado la vida" a uno de los presentes. Durante los doce meses de 2002 en Colombia, según el balance elaborado por organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tres periodistas y un colaborador fueron asesinados por su oficio, dos periodistas murieron en el cubrimiento de una información, cuatro resultaron heridos en atentados, se presentaron 68 amenazas directas a empresas o periodistas, 14 reporteros tuvieron que salir del país, 12 de sus regiones, 24 fueron secuestrados y cuatro agredidos, aparte de ocho medios que fueron blanco de atentados. Esto sin contar los cuatro periodistas y un colaborador asesinados, sin que se tenga certeza sobre sus móviles.

A la autocensura se suma en algunos casos la falta de profesionalismo de algunos colegas que no establecen distancia con las fuentes, se matriculan con uno de los bandos o juegan a tener buenas relaciones con todos ellos. Otro mal que nos agobia es la recurrencia al oasis de la fuente oficial y en este caso militar. Entre el facilismo y las presiones, son las declaraciones de los generales o los boletínes del Ejército las que terminan apareciendo en las notas e incluso asumiendo su lenguaje de "bajas" -muertos y heridos- y "bandoleros" -guerrilleros-, como propio.

También la irresponsabilidad de medios de comunicación que aprovechándose del alto índice de desempleo y de la necesidad de los jóvenes periodistas, los contratan en unas condiciones vergonzosas (250 dólares al mes por mucho) y al día siguiente los envían como carne de cañón a las llamadas "zonas rojas", en las que desde el primer minuto los interesados ya saben de quién se trata, qué hace y qué piensa. El llamado "Sindrome de la Chiva" o de la exclusiva, en la mayoría de los noticieros de televisión y radio colombianos, sin descartar los medios impresos, aún no ha sido superado y por eso se ve cotidianamente a los periodistas arriesgando hasta su propia vida con tal de conseguir una información.

Para la vacante de Alfonso (asesinato pocas horas después de una marcha por la paz que él había organizado) el pago es de US$600 mensuales y el periodista deberá despachar desde el mismo lugar donde resida. Había diez interesados, pero después del asesinato, ninguno volvió a llamar.

El balance hasta la fecha, porque esta es una historia de nunca acabar: Cuarenta y un periodistas asesinados durante los diez últimos años en Colombia, medio centenar secuestrados desde 1999 y cerca de treinta obligados al exilio. 41 porque mientras se escribía este documento, fue acribillado en Barrancabermeja (departamento de Santander), el periodista Emeterio Rivas. Los comentarios sobran.