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En Venezuela, desde la creación del INCIBA (12 de Abril de 1960, Gaceta Oficial N° 26231) hasta el actual Consejo Nacional de la Cultura (29 de Agosto de 1975, Gaceta Oficial N° 1768 Extraordinario) que pasó a formar parte del Viceministerio de Cultura (Decreto 375 del 30 de Agosto de 1999) adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el desarrollo del sistema cultural ha experimentado cambios organizacionales, reestructuraciones administrativas y reformulaciones en su misión, sin ningún tipo de interés por diseñar e instrumentar políticas públicas que consideren las implicaciones económicas, sociales y laborales de la producción cultural.
Adicional, nos encontramos, que no existen datos desagregados relativos a las características generales de la extensión así como el volumen de las actividades económicas relacionadas con el sector cultural; sobre el empleo cultural en general y de las industrias culturales y comunicacionales en particular, desconocidos e infraexplotados por los poderes públicos; las actividades relacionadas con la pequeña y mediana empresa (PyMEs), las empresas artesanales, nuevas tecnologías, el audiovisual y la sociedad de la información, lo cual dificulta la puesta en práctica de sistemas estadísticos culturales, nacionales y regionales, capaces de suministrar información sobre aquellos aspectos culturales susceptibles de ser cuantificados periódicamente y de apoyar el correspondiente proceso de elaboración y gestión de políticas culturales.
Por otra parte, la actuación de los agentes culturales públicos y privados, en términos generales, sigue obedeciendo al paradigma político-cultural de carácter difusionista y extensionista. Prevalece como cualidad central el “desarrollismo-incrementalista”, fundamentado en la tesis que interpreta al desarrollo cultural como un proceso de crecimiento institucional y programático, desprovisto de referencias de políticas, estrategias y planes en disonancia con la evolución del consumo cultural (los hábitos, prácticas y gustos) de las grandes mayorías.
Así tenemos, que el balance de las políticas públicas, en los inicios del siglo XXI, nos indica que no se ha modificado el escenario cultural dominante de la década de 1990: una concepción del desarrollo cultural sustancialista, tradicional y patrimonialista en contraposición a un marco conceptual que valora que la vida cultural puede convertirse en un servicio público y privado económicamente rentable, así como en un instrumento catalizador de la identidad e integrador de la sociedad venezolana; una democratización difusionista-extensionista con un fuerte desequilibrio asimétrico del consumo cultural del venezolano. Además, ha operado igualmente, la falta de una mirada prospectiva así como la desarticulación entre los problemas comunicacionales y culturales frente a los cambios que sería preciso operar en su seno como en el contenido de su acción. De esta suerte, el Estado venezolano mantiene una visión avejentada sobre los sub-dominios del campo cultural industrial-masivo que suman la inmensa mayoría del peso económico de la cultura, sin políticas, planes y proyectos para incorporarnos a una nueva estructura de producción, circulación y consumo cultural en el contexto de la denominada “Sociedad de la Información y del Conocimiento”, sin afectar nuestras identidades, diversidades y pluralidades culturales.
Sobre estos antecedentes, este diagnóstico económico- cultural, todavía con carácter preliminar, debe ser visto como un esfuerzo inicial de evaluación del comportamiento productivo cultural en Venezuela, particularmente en el período 1990-2002, atendiendo a las exigencias de exponer algunos indicadores y estadísticas, que pudieran describir las particularidades que las industrias culturales y comunicacionales en Venezuela tienen en cuanto sectores económicos específicos, además de hacer una referencia empírica a la inversión pública otorgada al sector cultural.
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